Con motivo del día 25 de noviembre, Día contra la violencia hacia las mujeres, y bajo el lema #SOSDEFENSORAS, mujeres de los 10 países que conforman la Red Latinoamericana de Mujeres presentan ante instancias públicas de Derechos Humanos: Defensorías y Procuraduría del Pueblo y Comisiones Nacionales de Derechos Humanos una demanda y presentan una propuesta de protocolos de protección e investigación para defensoras de derechos sociales y ambientales frente a la creciente criminalización que viven en sus territorios y que padecen sus comunidades.
Las mujeres defensoras de territorios están especialmente expuestas a diversas formas de violencia que causan las actividades extractivas: agresiones físicas, sexuales y psicológicas que ponen en riesgo sus vidas, sus cuerpos y sus territorios; contaminación que afecta a su salud; criminalización que afecta a su integridad; y despojo de sus territorios. Obviamente, los impactos del extractivismo sobre las vidas de las mujeres se extienden a sus familias y comunidades.
La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales denuncia esta situación que se extiende más allá de América Latina y que hemos podido conocer también en mujeres de Asia y África en el último Foro Mundial Temático de Minería. «Para nosotras la explotación minera es la expresión de un modelo de desarrollo que está de espaldas y en contraposición con todo lo que sirve para mantener materialmente la vida, que ignora que los seres humanos somos naturaleza, y que dependemos totalmente de ella» dice Silvia Quilumbango desde Íntag, Ecuador, uno de los territorios más importantes por su resistencia a la minería.
Desde la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales se ha solicitado ante las instancias de Defensa nacional más importantes de los 10 países que:
- Se impulse e inste al Estado a investigar efectivamente las agresiones contra las mujeres defensoras de Derechos Sociales y Ambientales afectadas por proyectos extractivos y llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de las agresiones que reciben las mujeres y las comunidades en donde habitan.
- Se exija al Estado que implemente una Política Nacional de Protección de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales y sus comunidades, conforme los lineamientos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con la participación de las personas, comunidades y organizaciones defensoras y en consulta con los Pueblos Indígenas, para garantizar sus derechos a la tierra, el territorio y la naturaleza con especial incidencia en el derecho a la salud de las mujeres afectadas por contaminación por actividades extractivas en los distintos territorios.
- Se promueva que la Fiscalía General del Estado diseñe e implemente un Protocolo de Investigación de Delitos Cometidos y protección contra mujeres defensoras de Derechos Sociales y Ambientales. Dicho Protocolo deberá ser una herramienta destinada a garantizar la efectividad de las investigaciones, así como la seguridad de las mujeres y sus comunidades de conformidad con el marco normativo nacional e internacional. Asimismo, debe tener además un enfoque de identidad indígena, afrodescendiente y campesina y deberá incluir dentro de sus principios una definición amplia de personas defensoras de derechos humanos que incluya, entre otras, a aquellas personas que defienden derechos vinculados a la tierra, el territorio y la naturaleza, los derechos sociales y ambientales y a sus comunidades y también elementos como el contexto en el que ocurrieron los hechos materia de investigación, y la labor de defensa que realizan las personas defensoras.
