Documento político Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales 

Ante el colapso ecológico y la crisis climática denunciamos las falsas soluciones que las corporaciones extractivistas, las instituciones financieras y los gobiernos buscan legitimar en eventos como la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Por eso convocamos a un sabotaje ecofeminista contra la COP 30. Creemos que son los pueblos y las comunidades con sus saberes milenarios y sus resistencias quienes poseen y proponen las soluciones reales para cuidar y preservar la vida en el planeta, en este trabajo de sostenimiento de la vida, somos las mujeres las que hemos desplegado un acúmulo de energía, por lo cual sentimos la necesidad y legitimidad de pronunciarnos.

Nos declaramos en campaña permanente para denunciar a los tomadores de decisión que intentan convencernos de que la salida a la crisis debe involucrar la ampliación de la frontera extractiva, el libre comercio y la obscena acumulación de capital.

Sabotaje ecofeminista: desmontar la COP de la minería

La COP30 en Belém no será un espacio de soluciones. Financiada por Vale, Petrobras y otros actores corporativos, se perfila como la COP de la minería y las finanzas, un escaparate global donde se intentará legitimar la expansión de la frontera extractiva bajo un discurso verde.

El sabotaje ecofeminista que convocamos es nuestra forma de confrontar ese modelo. Sabotear no significa destruir, significa desenmascarar, denunciar y desobedecer a quienes pretenden imponer un futuro de sacrificio. Es insumisión política y creación colectiva, es romper la obediencia para abrir caminos de dignidad. Es romper la dominación con la imaginación.

Nombramos lo que enfrentamos:

Minerales de sacrificio. La transición energética está siendo utilizada para justificar la expansión de la minería de tierras raras, litio, cobre, níquel y otros minerales. Son sacrificios impuestos a pueblos, territorios y cuerpos, principalmente feminizados: agua contaminada, ecosistemas destruidos, comunidades desplazadas. 

Fascismo fósil. La transición impuesta y hegemónica no desmonta el modelo petrolero y minero, lo refuerza con represión. Esta falsa transición requiere del despliegue de  ejércitos, vaciar territorios y de leyes punitivas para garantizar la continuidad de los proyectos extractivos. Defensoras en México, El Salvador, Ecuador, Perú y Colombia enfrentan hostigamiento, judicialización y persecución. Este fascismo fósil protege a las corporaciones y convierte la defensa de la vida en un crimen.

Securitización y colonialismo verde. Europa ha ampliado su lista de minerales estratégicos de 17 a 34, priorizando la “seguridad energética” por encima de los derechos de los pueblos. Bajo este discurso, los recursos del Sur Global son tratados como reservas a disposición de las cadenas de suministro del Norte. Es un nuevo colonialismo verde: se imponen tratados, créditos y mecanismos de control que profundizan la mercantilización de la naturaleza.

Acumulación por descarbonización. Lo que llaman transición energética no sustituye a los fósiles, los complementa. Las corporaciones diversifican sus negocios: expanden la minería del litio y otros minerales al mismo tiempo que aumentan la extracción de petróleo, gas y carbón. Se trata de una nueva fase del capitalismo, donde no hay ninguna descarbonización. Es una continuidad del extractivismo bajo un discurso renovado que convierte la crisis climática en negocio, con la consecuente recarbonización de la economía global.

Canjes de deuda por naturaleza, clima o conservación. Estos mecanismos financieros son presentados como alternativas, pero son una trampa. Profundizan la mercantilización de la naturaleza, refuerzan relaciones coloniales de poder y perpetúan deudas ilegítimas. Bajo el disfraz de “financiamiento verde” se imponen condiciones que limitan la soberanía y habilitan mecanismos de control externo sobre territorios comunitarios. 

Mercados de carbono y otras falsas soluciones. Las compensaciones de carbono, y otras falsas soluciones siguen estando en el centro de las propuestas estatales y corporativas para supuestamente enfrentar el cambio climático. Sin embargo, profundizan el colonialismo verde, el acaparamiento de tierras para los negocios climáticos, someten a los pueblos a situaciones de despojo de derechos y permiten que los responsables del calentamiento global puedan seguir extrayendo y consumiendo combustibles fósiles.

Por eso decimos: “Hoy los Estados venden hasta el aire que respiramos”.
Por eso gritamos: “La transición será feminista, popular y anticolonial o no será”.

Síntesis regional: un continente en disputa, un Sur Global en resistencia

Los testimonios país por país revelan un patrón claro: la llamada transición energética no significa justicia climática, sino continuidad del extractivismo y profundización del despojo. Abya Yala está siendo convertida en un corredor continental de minas sostenido por corporaciones megamineras, Estados policiales y militares y democracias debilitadas.

En nuestros encuentros se manifiesta sin ambigüedad: “Nuestros territorios son zonas de sacrificio para que el Norte Global mantenga sus formas de vida con altísimos consumos de energía. Todos nuestros minerales jamás satisfarán su demanda”. Lo que se impone es una nueva fase de acumulación que no busca resolver la crisis climática, sino mantener los privilegios del capital global.

Estamos frente a una vuelta al latifundio, con cercamientos de grandes territorios que, en regímenes no democráticos, se imponen mediante ejércitos con funciones ampliadas. La militarización no es un efecto colateral, es la condición de posibilidad de la expansión extractiva. El crimen organizado se convierte en socio del extractivismo y penetra en los territorios despojados, como se evidencia en México, Ecuador, Perú y Centroamérica.

Las deudas ilegítimas impuestas por actores como el FMI, el Banco Mundial o el BID son otra forma de saqueo. Los canjes de deuda se presentan como financiamiento verde, pero en realidad mercantilizan lo común, perpetúan relaciones coloniales de poder y entregan soberanía. Como denunció la Asamblea: “Hoy los Estados venden hasta el aire que respiramos, no es una metáfora”.

La explotación de nuestros cuerpos-territorios es otra cara de esta violencia. Las transnacionales han desplegado estrategias de lavado verde-violeta, usando rostros de mujeres como fachadas de proyectos de muerte. Frente a ello reafirmamos que la justicia climática no puede desligarse de la justicia de género y de la defensa integral de la vida.

Pero también hay esperanza en las luchas. Desde Cuenca hasta Oaxaca, desde Cajamarca hasta Santa Marta, desde las resistencias en Chile hasta los pueblos quilombolas en Brasil, levantamos la voz de quienes siguen defendiendo la tierra, el agua y la dignidad.

Lo que enfrentamos en América Latina conecta con otras geografías del Sur Global. En Palestina/Gaza, el colonialismo y el genocidio muestran hasta dónde puede llegar la violencia de los Estados cuando el territorio es tratado como botín. En Ucrania y Europa, la guerra ha disparado la securitización de minerales y militarizado la política energética. Son expresiones distintas de un mismo sistema que sacrifica pueblos para sostener la acumulación.

Coyuntura latinoamericana y del Sur Global: del extractivismo al sabotaje

Brasil: la minería asesina, la impunidad continúa

La Tragedia de Brumadinho mostró cómo la corrupción estatal permitió a Vale operar pese a los riesgos, causando la muerte de 272 personas. Hoy, Vale y Petrobras patrocinan la COP30 y se presentan como líderes de la transición. Denunciamos la complicidad del gobierno brasileño que legitima este modelo.

Brasil simboliza el poder de las corporaciones megamineras que hieren la vida todos los días, y que junto con Estados policiales y militares sostienen un régimen de extractivismo permanente. Estas empresas, con el aval del gobierno, convierten territorios en zonas de sacrificio mientras avanzan con megaproyectos bajo el discurso de los llamados “minerales estratégicos”.

Consigna: ¡Fuera Vale y las mineras de la COP30!

El Salvador: la criminalización como política de Estado

El gobierno de Nayib Bukele persigue organizaciones sociales, restringe fondos y prohíbe hablar de derechos humanos, género y defensa del territorio. Se criminaliza y encarcela a colectivos como el caso emblemático de nuestras compañeras y compañeros de Reverdes.

La región vive un patrón de cercamientos y que en contextos no democráticos este pasa por los ejércitos con funciones ampliadas, otorgadas por los gobiernos. El Salvador es ejemplo: un Estado policial-militar donde los territorios son sitiados y las comunidades, vigiladas y encarceladas. Además, este país figura entre los sometidos a canjes de deuda por naturaleza, una falsa solución que perpetúa relaciones coloniales de poder.

Ecuador: Cuenca se levanta, Kimsacocha no se toca

El 16 de septiembre, más de cien mil personas marcharon en Cuenca para proteger el agua y la vida. Denunciamos a la minera canadiense INV Metals/Dundee Precious Metals y al gobierno de Daniel Noboa, que responde con criminalización y congelamiento ilegal de cuentas.

Ecuador es un país con canjes de deuda: bajo el disfraz de financiamiento verde se entregan derechos de soberanía y se impone control externo. Hoy los Estados venden hasta el aire que respiramos, no es una metáfora. Las comunidades han reivindicado que el petróleo permanezca bajo tierra, como mandaron abuelos y abuelas. Pero el gobierno insiste en criminalizar a quienes defienden el agua y los territorios.

Consignas: No a la minería, sí a la vida. ¡Kimsacocha no se toca!

México: entre la memoria de los ríos y la expansión minera

En Oaxaca, defensoras han enfrentado hostigamientos y un clima de inseguridad que busca silenciar la resistencia. El Observatorio Ukamau Territorio y Dignidad denuncia la devastación y la expansión del cobre como mineral de sacrificio. México encarna la expansión de megaproyectos que convierten territorios en enclaves de extracción, sostenidos por acuerdos con corporaciones transnacionales. 

En México, el rol de las estructuras criminales han silenciado cualquier opción de disidencia, la ampliación de la frontera extractiva se consolida con el control absoluto y violento de los territorios, sus comunidades y los cuerpos en resistencia. 

Perú: minería, crimen organizado y gobiernos inoperantes

Con GRUFIDES a la cabeza, se exige un cierre minero justo que contemple mecanismos de reconversión laboral y reparación integral. Hemos advertido con claridad: “¿Qué hace la gente después de la mina?”, porque los vacíos de empleo facilitan la inserción en economías criminales.

En Perú, la minería ilegal está controlada por el crimen organizado. Un gobierno abiertamente inoperante frente a la inseguridad provoca secuestros y asesinatos de trabajadores mineros, así como explotación extrema que desprotege y mata. La precarización laboral generalizada facilita que miles de personas pasen de la minería legal a economías criminales, intensificando la violencia en los territorios.

Chile: renovables con más minería

El gobierno chileno promueve la descarbonización mientras profundiza la minería de cobre, litio y tierras raras. El OLCA denuncia esta contradicción: energías renovables y producción de combustibles “verdes”, como el hidrógeno y el amoniaco, con base en proyectos extractivos que destruyen ecosistemas, como los frágiles salares y la verde Patagonia, y comunidades.

La región de Chile se suma al corredor continental de minas descrito en Bogotá, donde el despojo es funcional a las cadenas globales de suministro. Mientras esto ocurre, se hostiga y desaparecen defensoras, como Julia Chuñil, mujer mapuche defensora del bosque nativo. El Estado mantiene un silencio cómplice.

Consigna: La transición no será sin nosotras.

Colombia: entre el extractivismo y la represión

En Colombia, las personas defensoras ambientales enfrentan amenazas, hostigamientos judiciales y asesinatos, en un escenario donde se advertía que el debilitamiento democrático abre espacio a un Estado incapaz de contener la proliferación de actores armados ilegales y cada vez más funcional a intereses extractivos.

El gobierno mantiene contratos petroleros que refuerzan la dependencia fósil y consolida megaproyectos mineros bajo un discurso de transición energética. Aunque intenta tramitar los conflictos socioambientales, avanza en reformas complejas que flexibilizan la regulación ambiental, mientras los poderes corporativos se reacomodan para capturar minerales críticos. Este doble juego mantiene los territorios bajo la incertidumbre, represión y a las comunidades en riesgo permanente.

Consigna: Justicia climática es justicia territorial.

Bolivia: el litio como mineral de sacrificio

Bolivia está en el centro de la disputa por el litio. Bajo el discurso verde se expande un modelo de acumulación por descarbonización que convierte este mineral en sacrificio. El lavado verde-violeta es usado por las transnacionales, que capturan discursos feministas y ponen rostros de mujeres en proyectos de muerte.

Las mujeres bolivianas sostienen con claridad: No hay transición justa sin justicia territorial.

Argentina: litio del Cono Sur y resistencias territoriales

Argentina forma parte del triángulo del litio. Los proyectos avanzan bajo el discurso de minerales estratégicos, pero en realidad son zonas de sacrificio.

Desde los Andes al Cono Sur, los territorios y nuestros países son endeudados por actores como el FMI y el Banco Mundial, con deudas ilegítimas e impagables. Argentina vive esa presión: se imponen condiciones de saqueo y control externo sobre la soberanía.

Consigna: Ni verdes ni limpias si destruyen territorios.

Venezuela: el petróleo sigue en el centro

En Venezuela, el discurso de transición convive con la expansión petrolera. Lejos de reducir la dependencia fósil, se refuerza la extracción y exportación de crudo como estrategia central.

Consigna: La transición será feminista, popular y anticolonial o no será.

Nuestros espacios de lucha, cuidado y articulación

La Red es un entramado de espacios que hemos creado para resistir y sostener la vida. Nuestros encuentros, caravanas, espacios de formación y asambleas han sido refugios frente a la violencia y también laboratorios de imaginación política donde reinventamos cómo estar juntas.

Desde la Escuelita Feminista de Justicia Climática, hemos cultivado semillas de formación popular y ecofeminista. Allí compartimos experiencias, denunciamos falsas soluciones y levantamos una narrativa común: “Ni verdes ni limpias si destruyen territorios”.

En Bogotá celebramos 20 años de lucha de la Red, recordamos a las que nos antecedieron, honramos la memoria de defensoras perseguidas y reafirmamos que “basta de violencia ambiental contra las mujeres”.

Nuestros espacios son tejidos de horizontalidad: lo político se entrelaza con lo espiritual, el debate con el abrazo, la denuncia con la sanación. Son también trincheras frente a los Estados policiales y militares que hieren la vida todos los días, frente a las democracias debilitadas en medio de las cuales luchamos por derechos, y frente a las corporaciones que buscan convertir toda la región en un corredor continental de minas, de México a Chile.

¿Quiénes somos las que llamamos al sabotaje ecofeminista?

La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales es una intersección de nodos geográficos que en la actualidad suma nueve países. En los veinte años de existencia hemos consolidado una propuesta pedagógica que apunta hacia un horizonte ecofeminista. Nuestro lente teórico-político territorio tierra, territorio cuerpo y territorio comunidad, es la brújula que orienta el trabajo. Mediante esta categoría hemos identificado los impactos diferenciados de la minería sobre la vida y los cuerpos de las mujeres.

Organizamos eventos regionales, instrumentos didácticos, procesos formativos a distancia [1] articulados con encuentros presenciales. La recién celebrada XIII Asamblea en julio pasado, reunió a representantes de los nueve nodos en Bogotá, Colombia. Al llamado asistimos:

1. Acción Ecológica | Quito, Ecuador | 1986: suma esfuerzos en defensa de la naturaleza y los pueblos, impulsando expresiones democráticas de participación incluso en tiempos de dictadura.
2. ADES Santa Marta | Cabañas, El Salvador | 1993: dedicada al desarrollo comunitario y la defensa de derechos humanos, hoy acompañando a diversas organizaciones de base en el país.
3. Censat Agua Viva | Bogotá, Colombia | 1993: apuesta por el cuidado de la vida y la defensa de los territorios, trabajando junto a comunidades para construir justicia ambiental, autonomías y alternativas al desarrollo.
4. Colectivo CASA | Oruro, Bolivia | 2008: busca apoyar a las organizaciones sociales bolivianas articuladas en torno a la justicia ambiental y la defensa de los derechos de las mujeres.
5. Instituto Cordillera | Minas Gerais, Brasil | 2021: defiende el medio ambiente,la cultura y los derechos de la naturaleza, mediante apoyo técnico y legal a comunidades y articulando luchas territoriales en tiempos de emergencia climática.
6. GRUFIDES | Cajamarca, Perú | 2001: promueve la sostenibilidad ecológica, el derecho al agua, la equidad de género y el diálogo intergeneracional, trabajando por el buen vivir y la justicia ambiental.
7. Observatorio Ukamau Territorio y Dignidad | Jalisco, México | 2024: mujeres defendiendo territorio, justicia socioambiental y autonomía re-productiva, con la certeza de que lo heredado será una comunidad.
8. OLCA | Santiago, Chile | 1992: Acompaña comunidades en conflictos socioambientales frente a un modelo depredador, promoviendo participación, valoración identitaria y alternativas al desarrollo con enfoque de género y de derechos.