La agenda del sector minero en Colombia est\u00e1 enfocada en ubicar al pa\u00eds como suelo f\u00e9rtil para grandes inversiones, lo que se evidencia en la presencia y realizaci\u00f3n de congresos mineros y ruedas de negocios, como la m\u00e1s recientemente sonada Ronda Minera 2021, donde se pusieron a disposici\u00f3n cinco \u00e1reas estrat\u00e9gicas mineras ubicadas en los departamentos de Cesar y La Guajira.<\/p>\r\n
\r\nEn consonancia con esta agenda se ha flexibilizado el marco legal del sector minero, que en principio se rige por la Ley 1382 de 2010, que reforma el C\u00f3digo de Minas de 2001, donde se dispon\u00eda el fomento de la exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n de recursos mineros en el pa\u00eds. Sin embargo, con la existencia de varias entidades del sector es necesario mencionar que hay numerosos decretos y reformas institucionales que han transformado las decisiones de este sector en los \u00faltimos a\u00f1os, como la Reforma Institucional Minera de 2011 que crea la Agencia Nacional de Miner\u00eda, o la Resoluci\u00f3n 656 del 01 de octubre de 2019 que aborda la generaci\u00f3n y pr\u00f3rroga de t\u00edtulos mineros, entre otras.<\/p>\r\n
\r\nFrente a estas decisiones gubernamentales que terminan favoreciendo al sector minero, en las \u00faltimas d\u00e9cadas se han impulsado grandes movilizaciones y gestiones territoriales para hacer efectivo el derecho a la participaci\u00f3n de comunidades campesinas y urbanas, a trav\u00e9s del mecanismo de Consulta Popular consignado en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia de 1991 y en los acuerdos municipales que buscaban prohibir la miner\u00eda.<\/p>\r\n
\r\nLo anterior llev\u00f3 a una disputa jur\u00eddica y social sobre si los municipios como entes territoriales pueden prohibir o no actividades extractivas. Con esto solo se alcanzaron a llevar a cabo nueve y quedaron en tr\u00e1mite alrededor de 50 m\u00e1s (Montenegro, 2018), todas estas suspendidas con medidas cautelares hasta que el Congreso de la Rep\u00fablica cumpla el mandato de la Corte Constitucional de expedir una ley donde se desarrolle un procedimiento de coordinaci\u00f3n y concurrencia para resolver las disputas entre el Gobierno nacional y los entes territoriales respecto a la toma de decisiones relacionadas con el ordenamiento territorial.<\/p>\r\n\r\n
Finalmente, en el caso de las comunidades \u00e9tnicas existe la Consulta previa, libre e informada, que tambi\u00e9n est\u00e1 en constante debate, ya que su principio y aplicaci\u00f3n tiene serias deficiencias que en la realidad no garantizan este derecho.<\/p>\r\n","link":"https:\/\/www.redlatinoamericanademujeres.org\/mapa\/category\/colombia\/","name":"Colombia","slug":"colombia","taxonomy":"category","parent":0,"meta":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.redlatinoamericanademujeres.org\/mapa\/wp-json\/wp\/v2\/categories\/24","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.redlatinoamericanademujeres.org\/mapa\/wp-json\/wp\/v2\/categories"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.redlatinoamericanademujeres.org\/mapa\/wp-json\/wp\/v2\/taxonomies\/category"}],"wp:post_type":[{"href":"https:\/\/www.redlatinoamericanademujeres.org\/mapa\/wp-json\/wp\/v2\/posts?categories=24"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}