Contexto regional

Las regiones sur y mesoamericana, han experimentado una fuerte arremetida minera, en temporalidades diferentes tal vez, considerando la trayectoria que existe en países como Bolivia, Chile, Perú, Brasil, pero en una temporalidad de 20 años se han equiparado e incluso intensificado las afectaciones, respecto a la vulneración de derechos humanos, sociales y ambientales. 

Estas consecuencias afectan directamente a las comunidades, por medio de la contaminación del aire, la contaminación y agotamiento de las fuentes de agua, reduciendo las posibilidades de sostener una soberanía alimentaria, e ingresando lógicas de mercado al interior de estas. Estableciendo con ello una dimensión del despojo que se evidencia tanto en el agua, como los cambios sobre la propiedad de la tierra, dado que muchos de los territorios sobre los cuales se emplazan estos megaproyectos transnacionales, responden a comunidades de los diferentes pueblos y etnias que sólo “en Latinoamérica y el Caribe representan una población de al menos 50 millones de personas, 10% de la población actual de la región” (¿Agua o minería? resistencias comunitarias en América Latina, OCMAL, octubre 2019)

Mientras que otro porcentaje no menor responde a territorios campesinos, desde donde entre otras cosas se reproduce la sostenibilidad alimentaria propias y de las grandes ciudades.

En la última década, los proyectos extractivistas mineros aumentaron en ambas regiones, y junto a ello los múltiples impactos sociales y ambientales aparejados a estas actividades. Lo que ha generado crecientes movimientos de oposición, de hecho, se estima que existen alrededor de “200{conflictos} en torno a la actividad minera sólo en (…) Ecuador, Colombia, Perú y Chile” (Ocmal en: Fernández, J. 2020 El territorio como espacio contradictorio: promesas y conflictos en torno a la actividad extractiva en Ecuador, Colombia, Perú y Chile. Scielo vol.46 no.137) Aumentando la vulneración y criminalización respecto a las defensoras y defensores ambientales, por parte de las empresas en alianza con los Estados, los cuales flexibilizan leyes, relativizan y en muchos casos ignoran los procesos de consulta o ratificación de convenios como el 169 de la OIT, disponen de una estructura militar, a fin de beneficiar a estos grandes capitales transnacionales, quienes actúan amparados bajo el escuálido discurso de desarrollo y progreso.     

Pese a todo, los procesos de resistencia, de defensa de la vida y su diversidad, están absolutamente vigentes, junto a ellos, los distintos procesos de valoración y en muchos casos de revaloración cultural, respecto a los distintos pueblos que habitamos estas vastas regiones. De manera que, ante los distintos desastres y evidencias, pareciera que la minería ha ido perdiendo poco a poco, espacio y legitimidad frente a las distintas comunidades y territorios. 


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