El Salvador

Si revisamos la historia tenemos que en el año 1996 se aprobó en El Salvador la Ley de Minería (Transparencia, s. f.) “la cual se enfocó en facilitar las condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos extractivos a través de la disminución de exigencias para las empresas dedicadas a la extracción de recursos minerales; asimismo, se promovió la inversión para este sector mediante el apoyo a capitales privados” (OCMAL, 2017).

Sin embargo, el 29 de marzo de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó por mayoría la Ley de Prohibición de la minería metálica, convirtiéndose así en el primer país de América en proteger a su territorio de la actividad.

En su artículo dos, cita: “La prohibición a la minería metálica incluye las actividades de: exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea, a cielo abierto o subterráneo. También, se prohíbe el uso de químicos tóxicos, como cianuro, mercurio y otros, en cualquier proceso de minería metálica”.

El 31 de mayo de 2017, el presidente de la República aprueba el Reglamento de la Ley. Sin embargo, la población se encuentra vigilante en función de que las nuevas asambleas legislativas ratifiquen la ley y se realice un cambio en la Constitución para que sea declarado un derecho inalienable.

Las condiciones legislativas que amplían derechos de actividades extractivas en territorios particularmente violentados, como es el caso de Centroamérica, no son una casualidad. Se evidencia cada vez más la alianza de capitales privados que fomentan proyectos de despojo con grupos del crimen organizado que usan este tipo de fuerza para “controlar” las acciones de protesta y defensa de los derechos humanos.

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