Bolivia

Bolivia es uno de los países latinoamericanos que ha sufrido los impactos de la minería desde la época de la Colonia, siendo testigo de un sistemático proceso de despojo para la acumulación del capital. Los casos que se presentan en este diagnóstico corresponden a la región andina del país, precisamente la ecorregión que, por su riqueza mineral, ha sido intensamente explotada. Muchas de las poblaciones y comunidades han naturalizado los impactos ambientales y sociales, resignándose a esta convivencia con la minería. Sin embargo, en los últimos veinte años se ha podido percibir una exacerbación del modelo extractivista primario, con el ingreso de mineras transnacionales y apertura a la minería de cielo abierto, que ha profundizado la afectación ambiental por el uso de materiales tóxicos que no se conocían. En ese sentido, el agotamiento de las fuentes de agua y la pérdida de suelos ha impactado de forma violenta las condiciones de vida de las comunidades, lo que ha afectado con doble intensidad las vidas y los cuerpos de las mujeres, las que en la última década también han reactivado acciones de resistencia y posicionando estos impactos invisibilizados por el Estado y los proyectos mineros. Actualmente, más del 70 % de la minería en Bolivia está en manos de transnacionales y, por ley, se reconocen actores privados, estatales y cooperativistas. Los tres actores han logrado evadir la normativa ambiental ocasionando una serie de accidentes ambientales y faltas normativas como la no existencia del dique de colas de la Empresa Estatal Minera más grande del país, Huanuni.

En este contexto, en el año 2013 se forma la articulación de mujeres indígenas, campesinas, pesqueras y regantes Red Nacional de Mujeres en Defensa de la MAdre Tierra (RENAMAT), una de las experiencias organizativas pioneras en la tarea de posicionar los impactos diferenciados por género de la minería y también en el fortalecimiento de estrategias de resistencia y defensa de los territorios.

La nueva Ley de Minería y Metalurgia (Ley 535), aprobada en 2014, abre un nuevo momento de intensificación de la explotación de recursos minerales. A pesar del contexto supuestamente progresista en el escenario del primer presidente indígena del país, las condiciones de las comunidades enfrentadas a la minería se tornan más complejas y las mujeres viven este mecanismo de violencia patriarcal. La Ley 535 atenta contra el Derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada, privilegiando el acceso a la explotación de minerales considerados estratégicos, y vulnera a los pueblos en resistencia porque criminaliza los actos de protesta contra la minería. Por su parte, la Ley de Derechos de la Madre Tierra (Ley 071), establece derechos de la Madre Tierra como su protección, la no contaminación de sus fuentes de agua y el respeto de los pueblos; la Ley de Minería y Metalurgia vulnera todos estos derechos.

De otro lado, la Ley Integral para garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 048) reconoce dieciséis formas de violencia contra las mujeres, permitiendo identificar que la minería en contextos extractivistas ejerce violencia física, sexual, patrimonial, económica, contra el acceso a la salud y, en palabras de las defensoras, crea una forma de violencia estructural de género denominada violencia medioambiental contra las mujeres.

La violencia medioambiental contra las mujeres es una problemática identificada por las mujeres de Bolivia para poner nombre a los despojos que genera la minería y denunciarla como una forma de violencia estructural.
(Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales – Colectivo CASA, 2018)