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ANTE LAS AMENAZAS Y AGRESIONES, LA AMBIENTALISTA ESPERANZA SALAZAR SE FUE DE COLIMA

 
 
 
 
Colima, México, Avanzada (25/08/2016).- Ante el creciente clima de amenazas y riesgo para su integridad personal, la coordinadora general del grupo ambientalista Bios Iguana, Esperanza Salazar Zenil, se vio forzada a emigrar de esta entidad, bajo el resguardo de escoltas del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En los preparativos de su salida de la ciudad, la activista estuvo acompañada por Jennifer Moore, representante para América Latina de la organización canadiense MiningWatch; Miguel Angel Mijangos Leal, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y Marco von Borstel, del Colectivo Ollin.

Sin embargo, durante los trabajos de empaque y mudanza de las pertenencias de Salazar Zenil, ella y sus acompañantes sufrieron el hostigamiento de individuos vestidos de civil, así como de agentes de la Procuraduría General de Justicia y de la Policía Estatal, según un reporte presentado por Moore, Mijangos y Von Borstel ante Amnistía Internacional México, Brigadas de Paz Internacional y Front Line Defenders.

El documento, del que fue proporcionada una copia al reportero, señala que el acoso experimentado en esta ocasión “ratifica una vez más” el tipo de amenazas sufridas por Esperanza Salazar por parte del gobierno estatal, además de que “se confirma el grado de inseguridad y riesgo en el que se encontraba la compañera”.

Con más de dos décadas de activismo en defensa de medio ambiente en Colima, Salazar fue en los últimos tres años una de las impulsoras del movimiento contra la explotación de una mina de oro, plata, cobre y manganeso en la comunidad indígena de Zacualpan, en el municipio de Comala.

Algunas de las luchas previas de Bios Iguana tuvieron que ver con la oposición a la tala del mangle para la ampliación del Puerto de Manzanillo y con la defensa de la Laguna de Cuyutlán ante la Construcción de la planta regasificadora construida en el sexenio de Felipe Calderón, cuyas violaciones a la normatividad ambiental todavía se dirimen en tribunales internacionales por gestiones del grupo ecologista.

A petición de habitantes de Zacualpan inconformes con el proyecto minero, desde los últimos meses de 2013 los integrantes la organización defensora del ambiente brindaron asesoría y acompañaron en su primera etapa la conformación del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), que logró destituir a la mesa directiva del Comisariado de Bienes Comunales —que pretendía imponer el proyecto— y obtuvo la declaratoria del pueblo como “territorio libre de minería”.

Esta situación provocó una serie de amenazas y agresiones contra integrantes del CIDTZ y de Bios Iguana, de las que esta última responsabilizó a seguidores del expresidente de Bienes Comunales, Carlos Guzmán; a la entonces delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera —recientemente destituida del puesto— y al gobierno estatal.

Antes del exilio de Esperanza Salazar, ya se había retirado del activismo la mayor parte de los integrantes de Bios Iguana, algunos de los cuales también se fueron del estado y otros sólo dejaron de participar en el movimiento, tras haber sufrido incidentes que ponían en riesgo su seguridad personal y la de su familia.

En los últimos meses, frente al peligro para la integridad personal de Esperanza Salazar, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas había colocado en su domicilio un sistema de seguridad que entre otras cosas incluía cámaras de vigilancia.

En el documento enviado a los organismos internacionales con fecha 17 de agosto de 2016, Jennifer Moore, Miguel Mijangos y Marco von Borstel señalaron que la salida de la activista del estado de Colima se produjo “debido a las repetidas ocasiones en que su integridad física se ha visto en riesgo a causa de la violencia y amenazas de las que ha sido víctima desde hace 3 años, fomentadas por diversas instancias del estado, mismas que han sido documentadas en el propio Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del cual ella forma parte”.

Narraron que desde su llegada al domicilio de Esperanza para acompañarla en la mudanza, el pasado 2 de agosto, detectaron que su casa presentaba una irregularidad en una puerta interior, ya que fue desprendida una tabla de la puerta del segundo cuarto dejando un agujero aproximadamente de 40 por 60 centímetros, lo que evidenció que había sido allanada en su ausencia.

Durante el día, los escoltas que acompañaban a los activistas detectaron que en la esquina más cercana al domicilio de Esperanza Salazar había un grupo de hombres vestidos de civil vigilando, cuyo número se incrementó paulatinamente de dos al mediodía a ocho al anochecer.

Por lo anterior, decidieron pernoctar en un hotel al que llegaron después de realizar varias maniobras para burlar a los ocupantes de dos automóviles particulares que los siguieron, uno de ellos con placas FTL 9728, a la vez que en el trayecto se sintieron hostigados por la patrulla estatal 1481, que se les cruzó en tres ocasiones.

Durante toda la noche, los escoltas permanecieron vigilando la entrada del hotel para evitar cualquier percance.

De acuerdo con el documento, cuando al día siguiente regresaron a la casa a continuar empacando las pertenencias de Esperanza Salazar, fueron hostigados por hombres que los cuestionaron sobre lo que hacían en ese lugar y tras pedirles que se identificaran dijeron ser los agentes ministeriales Oscar Sánchez Macías y Francisco Javier Sánchez Ávalos, quienes argumentaron que “estaban apoyando a turistas”.

Los dos individuos habían estado platicando antes con el dueño de una zapatería ubicada en la esquina, cuya familia “tiene intereses en el proyecto minero en Zacualpan”, señala el reporte.

Mientras tomaban fotografías de las placas del automóvil de los escoltas y de la camioneta donde iba a ser trasladada la carga, los policías continuaron realizando preguntas sobre el número de personas que iban, si había niños, en dónde se hospedaban, entre otras.

“Entonces Miguel (Mijangos) salió y los increpó reclamándoles que no tenían ningún atributo para estar haciendo esas supuestas labores de apoyo a turistas, diciéndoles que era evidente que desde ayer había gente hostigándonos y que en ese sentido no habían recibido ningún apoyo al respecto; uno de los policías le contestó que se atuviera a ello porque estaban en Colima, a lo cual él le contestó argumentando que Colima no es un territorio independiente sino parte de la República Mexicana y la Constitución debía ser respetada”.

Alrededor de las cinco de la tarde terminaron de empacar y cuando ya se retiraban para salir de la ciudad fueron interceptados en la esquina por un vehículo color blanco y otro rojo, ambos manejados por los policías ministeriales con los que habían discutido horas antes, uno de ellos frenó enfrente de Miguel Mijangos y “nos encararon con injurias”.

Además de la situación anterior, en su documento los activistas hicieron notar que toda la protección que se instaló en la casa de Esperanza Salazar, la cual consta de cámaras, rejas, chapas de seguridad, alambrado y malla de protección perimetral, tiene varias deficiencias o puntos vulnerables que no garantizan la seguridad plena del sitio.

“Tantas debilidades en el sistema de seguridad de la casa la hacen inadecuada y vulnerable para acciones de protección que ponemos a su consideración porque deben ser superadas en otros casos, pues de ello depende la integridad física de las personas y son parte de la instrumentación del mecanismo de seguridad”.

Finalmente, los representantes de MiningWatch, Rema y Colectivo Ollin expresaron su preocupación por “el riesgo permanente en el que se encuentran las y los otros miembros de Bios Iguana A.C. que aún quedan en Colima, así como las y los integrantes del Consejo
Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, quienes continúan siendo violentados por el grupo priista que apoya al empresario minero”.
 

#MÉXICO

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